La niñez afrodescendiente en Estados como Colombia, Haití y la República Democrática del Congo, es la víctima más invisible de la violencia. Esto se debe a la intersección letal entre racismo estructural y violencia. Datos recientes de organismos internacionales y nacionales revelan una verdad incómoda para muchos.

En Colombia, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó 4742 casos de reclutamiento infantil, el 89% de los cuales se han concentrado en regiones de población negra mayoritaria, como es el caso de los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño. Estas cifras, si bien preocupantes, apenas arañan la superficie de una realidad que permanece sumida en la oscuridad estadística y mediática. Acciones como el reclutamiento forzado racializado es una manifestación clara de esta dinámica.

La Comisión de la Verdad en Colombia (CEV) reveló que el 63% de los menores reclutados por organizaciones como las FARC-EP y el ELN son afrodescendientes. De manera similar, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado cómo la población afrocolombiana desplazada incluida la niñez, enfrentan condiciones de vida aún más precarias que otros grupos desplazados. Además, estas comunidades cuentan con mayores dificultades para acceder a alimentos, educación, salud y vivienda digna. Por ejemplo, un informe de la organización no gubernamental Dejusticia de 2009 ha señalado que casi una cuarta parte de la población desplazada en Colombia es afrodescendiente (el 22,5%). Además, ese informe indica que el 12.3% de las familias afrocolombianas se encuentra en situación de desplazamiento forzado. A esto hay que sumarle, que el 30% de las personas afrocolombianas desplazadas no han tenido dinero para comer por lo menos un día a la semana.

También la violencia sexual ha sido una herramienta de opresión sistemática contra los grupos étnicos vulnerables, solo con el fin de destruir su identidad e influir en su cohesión social y su existencia misma. Organismos nacionales como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha venido documentando y publicando informes acerca estas violaciones de los derechos humanos en Colombia.

La desaparición sin registro de niños y niñas en algunas regiones del Pacífico colombiano es otra forma de invisibilización que borra la existencia de estas víctimas. Por ejemplo, en Tumaco, un municipio del departamento de Nariño en Colombia, el 72% de los niños desaparecidos son negros, pero solo el 18% de los casos es denunciado. Además, es importante señalar que la ausencia de datos desagregados no es una omisión inocente. Estos lo podemos ver en las cifras del CNMH, que nos indican que tan solo el 31% de los registros de víctimas infantiles incluyen variables étnicas.

En este punto también debemos hablar de cómo las políticas públicas, lejos de ser neutras, a menudo reproducen y perpetúan esa exclusión antes planteada, configurando una doble victimización institucional. Esto se hace evidente en programas como el de Atención Especializada a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito o Víctimas Infantiles. En el periodo 2020-2023 este programa solo destinó el 7,2% de su presupuesto a un enfoque étnico-racial.

Otro gran problema que aqueja a la niñez afrocolombiana, es la re-victimización en albergues, una realidad también dolorosa, en municipios como el de Quibdó (Chocó), en donde niñas afro han reportado castigos por conductas asociadas a estereotipos raciales, esto según datos de la Procuraduría General de la Nación en su informe de rendición de cuentas de 2024. Además, debemos añadir que el fracaso multisectorial es palpable en municipios ribereños como Guapi, que enfrentan un abandono estatal notable. Guapi es una población donde el 85% de las víctimas del conflicto armado son afrodescendientes.

A todo lo anterior debemos añadirle una situación quizás peor, el 40% de los niños negros desplazados del departamento de Cauca abandonan la escuela tras el trauma de la violencia y el reclutamiento que viven por actores armados en sus territorios, esto según datos de la Defensoría del Pueblo Colombia. Estos precedentes demuestran cómo la estructura institucional del Estado no está diseñada para atender debidamente las especificidades de la victimización de la niñez afrodescendiente.

Para romper con este ciclo de invisibilidad y violencia, es necesario implementar medidas transformadoras, las cuales apunten hacia una justicia racial para la niñez afro de Colombia. Es urgente incorporar un enfoque étnico, verdadero y real en la justicia transicional, en el que se incluyan peritajes antropológicos. Todo ello para poder validar testimonios a la luz de las cosmovisiones de las comunidades negras. Además, fundamental una reparación diferenciada, donde se incluyan fondos especiales para la recuperación psicosocial a través de metodologías ancestrales como los chigualos y alabaos.

Otro tema importante en este proceso es el protagonismo comunitario, que debe ser fortalecido, con el apoyo de iniciativas como la Red de Mujeres Chocoanas, las cuales, a través de redes de confianza étnica, rescatan a niños reclutados. Finalmente, es fundamental integrar una memoria histórica racializada; la cual incluya en los museos, relatos de niños afrodescendientes documentados en informes como el de “La guerra sin edad” del CNMH. En suma, la pregunta que resuena y que demanda una respuesta ineludible es, ¿puede haber paz sin justicia para los más pequeños? La negativa rotunda exige desmontar la arquitectura racista que normaliza su sufrimiento. Como advirtió Frantz Fanon en su obra Piel negra, máscaras blancas, “El niño negro, en el mundo blanco, aprende pronto el precio de su piel” (cap. 5, p. 34). Hoy, ese precio se manifiesta en la invisibilidad en medio del conflicto. Romper ese silencio no es un acto de compasión, sino de justicia.

Sobre el Autor

Javier Moises Renteria Hurtado

Investigador especializado en el análisis de dinámicas sociales, políticas y culturales vinculadas a África y América Latina. Como colaborador en proyectos desarrollados en IELAT y CIDAF-UCM, ha participado en iniciativas orientadas a la producción y difusión de conocimiento crítico sobre relaciones internacionales, diversidad cultural y justicia social, doctorando en Economía y Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.