Marianita Pimentel Paul tenía catorce años. El 24 de mayo de 2026 amaneció muerta en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en San Antonio de Guerra. Dicen que se asfixió.¹ Dicen que fueron tres compañeras. Eso es casi todo lo que se puede decir de ella sin inventar nada, y ya es bastante.

Hay sitios pensados para administrar la vida de muchas personas desde adentro: cárceles, manicomios, internados, hogares de paso. Quienes estudian estas instituciones lo saben desde hace décadas. La violencia entre quienes están adentro no es un accidente del sistema. Forma parte de su funcionamiento. No porque alguien lo decida, sino porque concentrar a personas dañadas y administrarlas desde una oficina produce, a veces, lo que pasó en aquel cuarto. El sistema no falló esa madrugada. Estaba funcionando como sabe funcionar.

Hay que leer esto despacio. No estoy diciendo que el CONANI quisiera la muerte de Nanita. Estoy diciendo que la pregunta correcta no es por qué murió, sino por qué estaba ahí.

El modelo superado que el propio CONANI reconoce

En la República Dominicana hay once hogares de paso. A fines de 2025 vivían en ellos quinientos veinticinco niños.² Otros mil doscientos seis menores bajo tutela del Estado estaban distribuidos en asociaciones sin fines de lucro subsidiadas con fondos públicos. Más de mil setecientos casos activos en total. Cada uno de esos números es un niño cuyo derecho a ser criado por una familia no se está cumpliendo. Lo dice la propia Ley 136-03 en su artículo 59: «Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a vivir, ser criado y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrá derecho a vivir, ser criado y desarrollarse en otra familia». Es un derecho nombrado pero no garantizado. Mil setecientas veces no garantizado.

El 1 de marzo de 2024, ante denuncias sobre el funcionamiento de los hogares de paso, el CONANI publicó una declaración³ en su página web. En el punto cinco escribió esto:

«el modelo de hogar de paso todavía prevaleciente es un modelo superado por tender a la institucionalización del niño, niña o adolescente y colidir con su derecho a ser educado y vivir en familia».

La palabra importa: superado. No «perfectible». Superado. Lo escribió la institución encargada de sostener el modelo.

En la misma página, el CONANI explicó por qué no se desmonta: «la deuda social del Estado dominicano con los sectores vulnerables y la ausencia en el pasado de políticas al respecto» lo dificultan. Es una manera elegante de decir una verdad incómoda. El problema empezó antes. Cuando un niño llega al hogar de paso, ya hay un país que llegó tarde.

Cuidar no es custodiar: el peso de las palabras

Hay otra cosa que conviene mirar de frente. Las palabras con las que el Estado cuida a un niño se parecen mucho a las palabras con las que el Estado encierra a un adulto. Expediente. Custodia. Medida cautelar. Centro. El idioma viaja entre instituciones como si fuera el mismo. No es lo mismo cuidar que custodiar. Pero el lenguaje, a fuerza de prestarse, va volviendo parecidas dos cosas que no lo son. Esto no se arregla cambiando una palabra. Se arregla preguntándose qué tipo de institución estamos construyendo cuando solo tenemos a mano el vocabulario del encierro.

Y todavía hay otra cosa, la más incómoda. Hay muertes que producen titulares y hay muertes que producen archivo. La diferencia no la decide quien muere, la decide la sociedad que recibe la noticia. Cuando un niño bajo tutela del Estado muere, la conversación pública dura lo que dura el reportaje. Después vuelve a empezar la administración. Pensar la infancia como un derecho supone preguntarse por qué algunos duelos son públicos y otros administrativos.

Una reforma que esquiva lo urgente

La Ley 136-03 está en proceso de reforma⁴ desde septiembre de 2025. El primer borrador se presentó en abril de 2026. La nueva propuesta de reforma circula desde mayo: habla de inteligencia artificial, de redes sociales, de «transformaciones sociales, jurisprudenciales, institucionales y técnicas». Si bien son temas legítimos, lo más urgente sigue siendo el artículo 59: «el derecho a ser criado por una familia». Reformar la ley sin reformar lo que la hace necesaria es escribir mejor el dolor.

La historia que se repite

La sociedad dominicana lleva años repitiendo esta historia bajo distintos nombres. La noticia, cada vez, es el nombre. La historia, no. La historia es que seguimos discutiendo cómo administrar la infancia desprotegida en lugar de discutir cómo construir un país en el que la infancia no necesite ser administrada.

La llamaban Nanita. Tenía catorce años. El resto, de momento, es lo que estamos discutiendo.

Sobre el Autor

Mariano Rosario Cuevas

Es sociólogo y candidato a máster en Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus intereses académicos y profesionales se sitúan en la intersección entre las dinámicas sociales, la educación, la política ambiental y la gobernanza global.